El artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos, para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. De esta forma, los ciudadanos podemos acudir ante las instancias correspondientes para defender nuestros intereses cuando nos sentimos transgredidos por otra persona física o moral; por ejemplo, cuando interponemos una denuncia por robo o demandamos civilmente a alguien que nos causó un daño. ¿Qué sucede cuando es la autoridad a la que le pagas impuestos la misma que violenta tus derechos? ¿Considerarías adecuado llevarla a juicio para hacerlos valer o piensas que a la autoridad no se le debe demandar porque es perder el tiempo? Afortunadamente, no mucha gente piensa así; para ello, se crearon los tribunales en materia administrativa, que son los encargados de dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la Administración Pública y en los que la autoridad es llamada a comparecer como parte en el juicio; así, pierde, de alguna forma, su halo de poder ante otra autoridad que se encarga de resolver si causó una afectación al particular. Las resoluciones que ponen fin al juicio ante la autoridad administrativa son recurribles ante los tribunales federales, por la vía del amparo directo; por lo tanto, la autoridad que se encarga de juzgar a otra tendrá claros sus planteamientos y valorará adecuadamente todas las pruebas, ya que, a su vez, será juzgada por la decisión que tome. Por todo lo anterior, puedes observar que los medios de defensa fiscal son un tema apasionante, ya que cualquier ciudadano puede verse en la necesidad de iniciar un juicio para defenderse en esa materia. De esta forma, lee el contenido del tema propuesto para que conozcas los derechos y los medios de defensa que tienes como gobernado ante la autoridad fiscal.

Para lograr lo anterior, iniciaremos estableciendo la clasificación de las autoridades administrativas y fiscales; posteriormente, abordaremos las sanciones, facultades revisadoras y las resoluciones administrativas y fiscales; luego, se pondrá a prueba lo aprendido con actividades de aprendizaje y autoevaluación.

AJEL. (2016). Administración de justicia [fotografía].
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El Poder Ejecutivo Federal, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuenta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien de acuerdo con lo que establece el artículo 31, fracción XI, de la referida ley, le corresponde cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables, así como vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Las leyes fiscales especiales obligan a los contribuyentes a promover instancias de índole administrativo ante las diferentes dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); es necesario consultar su reglamento. La SHCP es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal y su principal actividad es la recaudación fiscal. Entre sus funciones principales, se encuentran:

Tanto en el derecho público como en el administrativo es frecuente que los funcionarios que representan a los órganos de la Administración Pública tengan la facultad de emitir acuerdos o resoluciones que solamente serán válidos cuando se hagan dentro de las facultades constitucionales y se rijan bajo los principios jurídicos de fundamentación y motivación. Las autoridades fiscales pueden expedir resoluciones particulares sobre situaciones concretas de los contribuyentes, ya sea oficiosamente o como consecuencia de consultas que les son formuladas.

También pueden expedir resoluciones de carácter general, como lo establece el artículo 39 del CFF, para condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos; en casos de terremotos, inundaciones, plagas o epidemias, se dictarán las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales. Las resoluciones generales deben señalar, de forma expresa, las contribuciones a que se refieren, el monto o proporción de los beneficios, los plazos que se concedan y los requisitos que deben cumplirse.